SOCIEDAD

RTVV, SE APAGA

La radiotelevisión pública valenciana, RTVV, echa el cierre tras 24 años de emisiones, dejando a cientos de trabajadores en la calle. De nada ha servido la remodelación de su nombre, "Nou", para dar sensación de

modernidad hacia su imagen desde el pasado 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Canal 9 debe su supervivencia durante estas dos décadas a los valencianos, que han pagado alrededor de 25 euros anuales para poder mantenerla en pie. Y ahora han visto cómo ha desaparecido el servicio público hacia una información de calidad. Por ello, el esfuerzo realizado no ha sido suficiente: su televisión regional les ha dejado con una deuda per cápita de 235 euros que tendrán que ir pagando cada trabajador, jubilado, pensionista, parado y niño residente. Todos y cada uno de los habitantes. Una situación nada sorprendente si miramos a nuestro alrededor.

Aquellos que han luchado en contra de la extinción de Canal 9 achacan el problema a su mala gestión. Así mismo sostienen que, a través de una mejor organización y dirección, no sería necesario cerrar. Pero ya es tarde. Por lo que, sí, es una interesante idea aunque si solo fuera posible mantener dicha televisión pública mediante la aportación económica de la publicidad. Pero no, no nos engañemos: Canal 9 no pertenece al ámbito privado. Efectivamente, las televisiones públicas deben su supervivencia al dinero que extraen del bolsillo de todos y cada uno de los ciudadanos. Por lo que, el dinero público sí es de alguien.

Quienes ven esta cadena de televisión afirman que se caracteriza por su cercanía y familiaridad. Su mayor cuota de audiencia se situó en 1992, con un 22,5%, que continuó con un descenso progresivo hasta nuestros días. Parece que hacía falta que advirtieran sobre su futuro cierre para que la audiencia se disparara y creciera como la espuma. Y es que, en los últimos días de su cierre, la plantilla decidió emitir todo tipo de informaciones sobre Fabra y Camps.

Pero, ¿ es que sólo se debe contribuir a la causa pública cuándo está en peligro tu puesto de trabajo? Este es uno de los argumentos por los cuales los periodistas han sido criticados. ¿Por qué han hecho esto ahora y no a su debido tiempo? Dando lugar a interpretar la manipulación por la que estaba pasando la RTVV.

Y sobre los ciudadanos que defendieron su supervivencia, ¿de verdad lo desearon porque el derecho a la información es algo vital y necesario o porque les atraía más el morbo por ver qué ocurría? Lo digo por los últimos datos ofrecidos sobre el número de audiencia días antes de echar el cierre. Esto también parece dar a entender que precisamente no fue porque eran conscientes de la calidad informativa que en esos momentos estaba emitiendo la televisión, sino más bien por una venganza.

UN NUEVO CAPÍTULO

"Ley mordaza", "mayoría silenciosa" o "mayoría silenciada" han sido algunas expresiones que hemos escuchado a lo largo de esta semana. Todo por el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, la cual, después de numerosas críticas recibidas por parte de numerosos colectivos políticos, sociales y hasta el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha sido modificada en cuanto a las sanciones por el Ministerio del Interior presidido por Jorge Fernández Díaz. Pero dichas modificaciones siguen suscitando polémica.

Una vez suavizadas las sanciones, las infracciones muy graves se reducen en un tercio, estando multadas desde los 30.001 hasta los 600.000 euros. Entre ellas, desaparecen de esta tipificación las protestas no comunicadas frente al Congreso de los Diputados u otras altas instituciones del Estado para pasar a la categoría de infracciones graves. Así como las manifestaciones públicas a través de cualquier medio de difusión.

Sí se encuentran en las sanciones tipificadas como muy graves la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, religiosos, deportivos u otras reuniones numerosas; las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras como centrales nucleares o aeropuertos o las manifestaciones coactivas desde que finalice una campaña electoral hasta que concluya la jornada. 

Las infracciones graves serán multadas desde los 1.000 hasta los 30.000 euros y entre ellas se encuentran aquellas personas que se nieguen a identificarse frente a un policía, o quien desobedezca o se resista a la autoridad cuando no sea constitutivo de delito.

Dicho todo esto, según el anteproyecto, quedarán menos de diez infracciones consideradas muy graves (frente a las 21 del primer borrador), una treintena de infracciones graves y casi veinte leves. Sin embargo, esta futura ley persigue la represión de los ciudadanos así como de las nuevas formas de protesta. Porque quienes protestan, esa minoría ruidosa, se han convertido en una categoría central del actual Gobierno. No les gusta que cuestionen sus políticas y por ello lanzan esta represión directa a través de la Ley de Seguridad Ciudadana o la restricción del derecho de huelga argumentando a la repetida seguridad ciudadana, la que trata de proteger el derecho a la libertad en democracia como a la libertad de expresión.

Por eso, esta ley es un instrumento para impedir y reprimir dichas protestas ciudadanas a partir del miedo y, por ello, puede contener artículos inconstitucionales. Respecto a la pregunta que suscitó el SUP, como comentaba al principio, sobre "¿por qué se sacan estos supuestos, al parecer, del código penal y se trasladan a infracciones administrativas?" considero que merece una reflexión.

Es sabido que las multas sancionadoras suponen un peso económico mayor para las arcas de las Delegaciones del Gobierno (vuelven a sacar dinero de donde sea, mientras que no hacen una ley para castigar a los numerosos corruptos españoles). Y, dichas sanciones administrativas pueden alcanzar a muchas más personas así como ser impuestas por la citada Delegación, sin un control judicial previo. Es decir, desde la vía penal eres presuntamente inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero con esta nueva forma estás multado y acusado sin probar nada antes por una decisión policial que puede carecer de garantía democrática a diferencia de los jueces, quienes son independientes y saben las leyes.

Junto con esto, el proceso no ha acabado aquí. Y es que, para recurrir a las multas impuestas se deberá pagar unas tasas de hasta 2.750 euros aparte del gasto económico que conlleva el abogado y los procuradores. Mientras que penalmente, si el juez dictaba inocencia quedabas en libertad y sin cargos.

Por otra parte, la llamada Ley mordaza puede reforzar el corporativismo y la impunidad policial en cuanto a la medida que suprime las grabaciones y las difusiones de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones. Ello supone una forma de censura para que el ciudadano pueda obtener información veraz y pruebas en cuanto a las actuaciones policiales ilegales.

Este anteproyecto de ley, que ya ha pasado su primera lectura por el Consejo de Ministros, puede quebrantar la seguridad jurídica, el derecho de manifestación y la libertad de expresión en una sociedad democrática así como afectar a todos los derechos colectivos (como la huelga y la reunión) que, de aprobarse, pueden quedar perturbados si se hace una exteriorización pública.

Y todo este nuevo capítulo porque los ciudadanos, quienes dieron su voto al actual Gobierno, están sufriendo la pérdida de sus derechos sociales, su trabajo, su casa, condenados a vivir endeudados y bajo una precariedad insoportable, y el Gobierno pretende sofocar estas contestaciones ciudadanas, que cada vez recorren más calles españolas en defensa del Estado Social que les están arrebatando.

¿EN QUÉ REALIDAD VIVIMOS?

Uno de los mensajes más repetitivos y característicos que lanza el Gobierno de Mariano Rajoy es que "vamos a salir de la crisis", con muchos esfuerzos (de los ciudadanos eso sí, no por parte de los altos cargos) pero volveremos a una etapa económica más reconfortante.

Llevamos tiempo escuchando mensajes optimistas y esperanzadores en cuanto al ámbito económico. Por lo que parece que existe un ambiente de euforia en los círculos económicos, financieros y políticos basado en la percepción de que la Eurozona se está recuperando y dentro de dicha recuperación, la economía española también está saliendo del hoyo. Pero, ¿de verdad es esto cierto?

Todas aquellas voces que apoyan y afirman este ambiente son las de determinadas autoridades que han presionado más por las políticas de austeridad (recortes de gasto público y social, disminución de las pensiones y reducción de los salarios) porque argumentan esta recuperación, en la correcta aplicación de tales políticas impuestas, ya que, en ninguno de los países pertenecientes a la Eurozona, los partidos gobernantes han establecido esta ruta dentro de su programa electoral.

Las autoridades nombradas son muchas pero concreto en unas cuantas: el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, afirmó el pasado 11 de septiembre que "los últimos datos económicos muestran que los sacrificios realizados hasta ahora están dando sus frutos"; el Ministro de Finanzas del gobierno alemán, Wolfgang Schäuble, declaró al periódico Financial Times el pasado16 de septiembre que "lo que estamos ahora viendo es lo que ya dijimos que ocurriría. Las políticas fiscales y las reformas estructurales están llevándonos a esta recuperación, habiendo sembrado las bases para un crecimiento económico estable"; así mismo el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, también declaró al mismo medio de comunicación el 4 de septiembre que "España ya comienza a ver el fruto de nuestras políticas"; por último, en una entrevista para la cadena pública de televisión del Gobierno de la Generalitat TV3, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep Oliver Alonso, indicó que "la economía española crecerá el próximo año fiscal un 1,3%", dando una estimación mayor que la proyectada por el propio Gobierno, en un 0,7 %, y gracias, de nuevo, a las medidas de austeridad y a las reformas del mercado laboral.

Sin embargo, debemos entender qué está ocurriendo con la aplicación de dichas políticas en los países de la Eurozona aunque anuncien mejoras y perspectivas más positivas porque la realidad es mucho más cruel y así lo muestran los datos: el PIB de la Eurozona ha bajado un 13% respecto a su tendencia previa a la crisis.

Esta pérdida de riqueza en la Eurozona y en los países que la constituyen (España, Irlanda, Italia, Grecia, Portugal...) además de ser enorme, ha sido causada por estas medidas que podrían haberse prevenido si se desarrollaba otro modelo de expansión como ocurrió en las crisis del New Deal en EEUU con el Presidente Roosevelt o al final de la II Guera Mundial con el Plan Marshall.

Las consecuencias ocasionadas han sido un enorme crecimiento del desempleo, una gran caída de los salarios así como una gran reducción de la demanda debido a la creciente pobreza que se está instalando en las sociedades a causa de los recortes laborales y sociales. Tal desempleo queda reflejado en la Eurozona con una subida de un 12%.   

A esta situación se suma un grave problema: el desempleo juvenil con un 56% en España. En este sentido, las voces que afirman que las pensiones no se podrán pagar porque hay demasiados ancianos y pocos jóvenes, apoyan políticas con un gran paro juvenil, ya que el mayor problema para sostener las pensiones no se trata de la escasez de jóvenes, sino de la escasez de puestos de trabajo así como de la precariedad y de la baja retribución salarial para ellos.

Las justificaciones ofrecidas para llevar a cabo estas políticas neoliberales han sido el incremento de la competitividad, las exportaciones y la estimulación de la economía. Pero como podemos ver, Irlanda ha recuperado su competitividad y ha aumentado sus exportaciones, en cambio su crecimiento económico está estancado porque los países periféricos no pueden salir de la crisis a base de exportaciones (como también ocurre con España).

El motivo es que el mayor problema de estos países es la falta de demanda doméstica que está relacionada con el nivel salarial, la tasa de ocupación y el gasto público. Por lo que si estas variables no mejoran, las economías no se recuperarán por muchos mensajes positivos, esperanzadores y optimistas que se encarguen de lanzar para proyectar una buena imagen.

Con todo esto a día de hoy nos encontramos con dichos problemas económicos, sociales y humanos (Cruz Roja ha hablado de drama humano entre los españoles) que las políticas actuales están empeorando. Por lo tanto, el supuesto crecimiento económico que se prevé está muy por debajo del que debería estar para resolver tales cuestiones. Vivimos en una realidad ignorada y en la mayoría de las ocasiones ocultada.

DESMONTANDO EL ESTADO DE BIENESTAR

La legitimidad del Estado de Bienestar está en tela de juicio en tiempos como los que nos encontramos actualmente debido a las políticas de austeridad que los gobiernos occidentales están imponiendo, las cuales, atacan al gasto público y social, a las pensiones, a la reducción de los salarios, a la falta de empleo... y a un largo etcétera a pesar de "ser un logro irrenunciable en España" según afirmaba el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en una entrevista el pasado 8 de diciembre.

No olvidemos que el Estado de Bienestar proporciona un sistema universal basado en ofrecer servicios básicos de alta calidad a todos los ciudadanos y reducir enormemente la pobreza mediante una redistribución de los recursos desde los grupos con mayores ingresos hacia aquellos que carecen de ellos, aunque pongo en duda esa calidad y esa reducción de la pobreza.

Sin embargo, no voy a tratar la aplicación de estos objetivos porque considero que existe un problema más grave que va adquiriendo cada vez más importancia según avanza el tiempo para la sostenibilidad de dicho estado: aquel relacionado con la confianza de los ciudadanos en aquellas personalidades encargadas de gestionar todos los programas que ofrece un buen Estado de Bienestar.

Todos confiamos en que los gobernantes no cambiarán los criterios de financiación y actuación con los que se presentan y convencen a una población de una realidad que meses después no será como lo habían imaginado así como en que destinarán los impuestos con que todos contribuimos a las prioridades de la ciudadanía. Pero este aspecto se encuentra en un panorama oscuro y por ello se convierte en un problema cuando vemos que la seguridad en la voluntad del Estado por acabar con el fraude fiscal, por ejemplo, se ha desplomado.

Tanto es así que de 1997 a 2009, cerca de un 50% de los españoles pensaban que las Administraciones Públicas hacían "muchos" o "bastantes" esfuerzos para luchar contra el fraude, un porcentaje que continuó bajando al 30% en 2010 y hasta el 16% en 2012. Para este año se ha producido un récord histórico al alcanzar el 88% de los que creen que "los impuestos no se cobran con justicia".

Por lo que, el Estado de Bienestar se encuentra en riesgo aunque se pretenda mantenerlo y avanzar hacia una sociedad más igualitaria económicamente porque una gran parte de los españoles considera que los impuestos no se cobran con justicia, que hay mucho fraude fiscal, que la Administración no hace esfuerzos para luchar contra dicho fraude y que mucha gente recibe más o menos prestaciones de las que sería justo. Pero, sobre todo y muy especialmente, porque han perdido la confianza en la buena fe y la garantía de quienes desde el ámbito político gestionan el sistema de acuerdo a unas normas.

SE ACERCA EL FIN DE AÑO

2013 se nos va de las manos. Ya faltan tan solo seis días para decir adiós a este pésimo y horrible año porque España ya no es lo que era como en aquellos tiempos donde reinaba la felicidad por todos los lados. Ahora se ha convertido en un país triste y resignado por todo lo que está cayendo encima de él, desgraciadamente en sentido negativo.

Una de esas cosas es el número de casos conocidos de corrupción por nuestros queridos altos representantes, por las grandes personalidades, que han dado lugar a una creencia sobre estas prácticas no éticas generalizada e impune porque vemos que pocos son los castigos justos que se merecen. Todo esto unido, como no, a la desconfianza que sentimos hacia los políticos sean del bando que sean porque todos se suman al bote.

Otro aspecto que está pesando en España es la creencia sobre la salida de la crisis, cuanto menos dudosa y eso sí, indudablemente a costa de los más desamparados y de las clases, que poco a poco van convirtiéndose cada vez, en clases sociales medias bajas. Quienes afirmen lo contrario, porque les cueste, estamos retrocediendo en la educación y en la sanidad, dos servicios básicos que han costado conseguirlos a base de mucho esfuerzo por generaciones pasadas y ahora su detrimento es patente. La justicia tampoco se salva ya que ha sido copada por el poder político y sus relaciones con éste son más que clarificadoras. Como ejemplo tenemos a Gerardo Martínez Tristán, que fue recién elegido vocal del Poder Judicial a propuesta del PP y casado con una consejera del Gobierno del PP en Castilla-La Mancha (antigua alto cargo de la Comunidad de Madrid).

Fuertes dolores de cabeza sigue trayendo y aumentando la independencia de Cataluña que sigue en sus trece y tampoco vemos ninguna solución. El papel de la monarquía así como su máximo exponente, el Rey Don Juan Carlos, están dejando mucho que desear según avanza el tiempo aunque una parte de la sociedad siga defendiendo su institución. Se llega a la conclusión de que si se imputara a la infanta Cristina sería por ser quien es, cuando debería ser justo al contrario, ya que si no se la imputase sería por ser quien es. Muy lógico todo en las cuestiones que corresponden a la justicia. Como la prohibición que se les ha impuesto a los detenidos por participar en la manifestación del 14-D de no acercarse al Congreso de los Diputados cuando se trata del órgano institucional que representa al pueblo español o la decisión sobre los correos de Miguel Blesa al considerarlos que pueden afectar a la intimidad del exbanquero y por ello deben ser secretos cuando abarcan a la economía de los españoles.

A lo largo de este año nos hemos cansado de repetir que los derechos de los trabajadores han sido gravemente violentados así como, actualmente con la nueva ley del aborto, el cuerpo de las mujeres. Tampoco la confianza en los sindicatos ha sido respaldada en su mayoría, ya que, está desapareciendo poco a poco.

Otra cuestión para analizar es el escándalo y el fraude de la luz, cuando la energía es un producto de primera necesidad para la vida y vemos cómo hay familias a quienes se les ha cortado este servicio por no tener suficiente dinero para pagar las facturas. Por lo tanto, con todo esto, ¿qué debe pasar para que ocurra una rebelión social? Porque hambre ya hay una parte de la población que está padeciéndola y otra que va de camino en un país lleno de estafadores, parados y jubilados. Porque no basta con decir que todo está bien o está mal y conformarnos con esto, es decir, por la vía fácil.

Pero para aquellos once millones de españoles que votaron por el actual Gobierno, ¿querían esta España? y sobre todo, ¿están conformes, no se arrepienten? Parece ser que lo justifican y están de acuerdo con estos horrores porque no los cuestionan, si no que los apoyan, ya sea en silencio o en activo. Por ahora lo que puedan hacer el resto de personas es una pregunta irresuelta para este fin y principio de año.

EMPEZAMOS BIEN EL AÑO

Parece ser que tenemos que aplaudir la noticia sobre la bajada del número de parados con la cual nos hemos levantado esta mañana pese a que la cifra de personas sin ningún tipo de trabajo queda registrada en 4.701.338 desempleados a cierre de 2013, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Pero este no es el único caso que tenemos en España y que está afectando a los miles de españoles. Junto con esta excesiva cifra que refleja la pésima situación laboral, comenzamos un nuevo año más, con los salarios congelados, para aquellos afortunados que mantengan un puesto de empleo, pese a la disminución ya sufrida durante estos últimos recortes. Por lo que pocos son quienes se esperan un inicio de año nuevo con una subida de sueldo. Una actitud que ya ha pasado a la historia. Unido a las nuevas tradiciones como son el aumento de la tarifa de la luz, del transporte público y del agua. Sin tener en cuenta, de momento, la costumbre de producirse nuevas subidas durante el año.

Terminamos el 2013 con la polémica subasta eléctrica que amenazaba con incrementar el recibo de la luz un 11%, estableciéndose un coste muy por encima de la media europea y situándose como la tercera electricidad más cara de Europa. Aquí algo fallaba. Finalmente, el Gobierno intervino y sin creerlo puso freno por decreto urgente. Algo raro en su actitud. Porque como vemos, si el Partido Popular quiere, el PP puede. Pero generalmente no es así. Y en este caso da a entender que no hay mucha voluntad de ir contra los intereses de las multinacionales de turno. Y ahora, esta subida queda establecida en un 2,3%. Esperemos que a pesar de ello, se mantenga.

El precio del transporte público registra otro aumento un año más, convirtiéndose en otra de las estafas tradicionales y características de este 2014. Se incrementa el precio del tren en casi un 2%, una cifra que por mucho o poco que sea, tendrá que tenerlo en cuenta nuestros bolsillos y carteras. Sin embargo, para todos aquellos usuarios que suelan viajar en AVE, un servicio "tan frecuente" entre la mayoría de los ciudadanos, no verán más caros los precios de los billetes porque se mantienen como están. 

Mientras, el salario mínimo interprofesional sigue congelado, en la misma línea que el año pasado, con unos insuficientes 645 euros mensuales a diferencia de Luxemburgo, por ejemplo, quienes cuentan con 1.874 € mensuales, e incluso, para gente con titulación, aún lo ve aumentado. Por otra parte, los funcionarios ven aún más escasa su retribución y por cuarto año consecutivo su sueldo sigue bajo cero, es decir, cobrando lo mismo que en 2010. Los pensionistas, esos más de diez millones de jubilados que trabajaron durante toda su vida, no tendrán sus pensiones revalorizadas en función del IPC, sino muy por debajo de éste y sólo aumentarán en un mísero 0,25%, el mínimo establecido por el Gobierno. Como si eso fuera a dar para mucho.

Por lo que, hemos entrado en el 2014 pero un poco más pobres. Porque nuestro nivel adquisitivo disminuye paulatinamente, mientras que para unos pocos esta situación les favorece. Pasan los años y cada vez tenemos menos. La pobreza no es un hecho inusual, sino que se está normalizando. Antes, ser mileurista estaba "mal visto" y ahora si ofrecen trabajos por esa cantidad de dinero, llueven las demandas y los currículums. Y con todo esto, nuestro presidente del Gobierno, tiene la suficiente garra de afirmar que con este 2014 llega "el inicio de la recuperación". Claro, como a él no le falta ni le faltará.